SINOPSIS DE LA
CONFERENCIA DE FLOREN DIMAS*
La conferencia de Floren
Dimas versará, sobre cómo han percibido las asociaciones memorialistas
españolas, el proceso de génesis y aplicación de la Ley de la Memoria Histórica
(LMH), las diferentes corrientes que se han creado entre ellas, la federación
de intereses, sus proyectos inconfesados, así como la red de complicadas
complicidades forzadas entre centros gubernamentales, grupos políticos y
determinados agentes sociales, parasitarios de las subvenciones públicas, con
una consecuencia para muchos insospechada: mantener la impunidad de los
crímenes franquistas, y con ello, impedir los beneficios para las víctimas, que
sin embargo sí se contemplan para otros colectivos, como sucede con la Ley
29/2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del
Terrorismo.
En la última etapa del
primer gobierno de Zapatero, el gobierno socialista promulgó la ley 52/2007,
conocida por Ley de la Memoria Histórica (LMH), proponiéndola como el marco
legal, para solucionar “los flecos” dejados por la Ley de Amnistía de 1977,
entre personas perseguidas por su ideología republicana.
Recibida con esperanza por
gran parte de las asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo, bien
pronto quedó de manifiesto las carencias en que incurría, poniéndose al
descubierto la existencia de una estrategia con varios objetivos: controlar a
las asociaciones dificultando su cohesión como movimiento social memorialista
de carácter pro republicano, haciéndolo dependiente de las subvenciones
públicas y promoviendo una gran campaña de exhumaciones extrajudiciales.
El “caso Garzón” en relación
con este asunto, se produce tras el archivo por varios jueces territoriales, de
las denuncias por la existencia de fosas comunes con restos de víctimas de la
represión franquista. El sumario abierto por este juez, desata una gran
polémica con varios componentes mediáticos, que implican a los tres poderes del
Estado, con fines contradictorios entre sí.
La sentencia del Tribunal
Supremo de 27 de febrero, absolviendo al juez Garzón, ha sido una gran derrota
para cuantos ansiaban que la justicia hiciera la luz en relación con los
crímenes franquistas, al tiempo que reconocía el final de la vía judicial en
España para obtener Verdad, Justicia y Reparación y señalaba a la Ley de la
Memoria Histórica, declarándola subsidiaria y reforzando la vigencia de la Ley
de Amnistía de 1977. La misma categoría de leyes de impunidad que han sido
derogadas en Chile, Argentina, Bolivia, Perú y demás naciones que han sufrido en el siglo XX guerra civiles, con
consecuencias análogas a las causadas por la Guerra Civil Española.
28 de junio 2012
(*)
Floren Dimas es oficial reservista del Ejército del Aire. Investigador de
historia militar y pionero en el estudio de la represión judicial franquista,
ha publicado multitud de artículos que pueden consultarse en internet, así como
presentado varias comunicaciones en congresos y encuentros de investigadores.
Tiene muy avanzado su proyecto de publicación de “La represión franquista en la
Región de Murcia”. En 1995 fundó la primera asociación memorialista registrada
en España “Caídos por la Libertad” en la Región de Murcia. Es miembro de la
junta directiva de AGE, y entusiasta defensor de la doctrina del Equipo Nizkor,
contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad.
LA LEY
DE LA MEMORIA HISTÓRICA, UNA ESTRATEGIA
PARA LA
IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO.
Por Gregorio Dionis y Floren Dimas
S I N O P S I
S D E
L A CONFERENCIA
La ley de
amnistía de 1977, no solo permitió dejar en libertad a los miles de presos
políticos encarcelados por el franquismo; significó también la impunidad para
todos los crímenes, perpetrados durante y tras la guerra civil por el bando
vencedor.
Las
medidas previstas en dicha ley para los vencidos, solo contemplaron el
restablecimiento del statu quo administrativo, que los funcionarios
civiles y militares al servicio de la II República, disfrutaban antes de la
medidas represivas que les fueron aplicadas, así como el señalamiento de
haberes pasivos a los jubilados y a sus viudas y, en algunos casos, a sus huérfanos. Al propio
tiempo, aquella ley no tuvo una mirada retrospectiva de reproche, ni reservaba
ninguna medida penal, para uno solo de los decenas de miles de servidores del
franquismo, que se entregaron voluntaria y gratificadamente, a aquel programa
de exterminio físico y moral de sus adversarios ideológicos.
Así,
el asesinato de decenas de miles de republicanos españoles y su reguero de
enterramientos clandestinos y desaparecidos, y el silencio social e
institucional que rodeó aquellos hechos, quedó sellado con voluntad de dejar
impunes para siempre aquellos crímenes, dejando en el más vergonzoso abandono,
la memoria de las víctimas y la de sus familiares, dejando plagada España de
fosas comunes en barrancos y cunetas. Treinta años más tarde, el gobierno
socialista del presidente Zapatero, promulga la Ley 56/2077, conocida por Ley
de la Memoria Histórica (LMH), postulada desde instancias oficiales como
una ley de reparaciones, para cubrir las injusticias no resueltas por la ley de
amnistía.
Anunciado
a comienzos de 2004, el propósito de constituir una Comisión Interministerial
para estudiar dichas reparaciones, y hasta su promulgación cuatro años después,
se desató una polémica que polarizó a partidarios y detractores de dicho
proyecto de ley, permaneciendo en vía muerta durante casi dos años, por
falta de consenso entre los diferentes grupos parlamentarios, hasta que IU
rompió este impasse, ofreciendo al gobierno su apoyo parlamentario, al
precio de renunciar a su hasta entonces innegociable condición: que se
anularían todas las sentencia de los tribunales represores franquistas, madre
jurídica de las reivindicaciones de “Verdad, Justicia y Reparación”, que se
vieron así definitivamente conculcadas.
La
génesis de la LMH, la actuación de la Comisión Interministerial, las
negociaciones
-oficiales
y secretas-, entre los partidos parlamentario, los objetivos reales de la LMH,
las campañas mediáticas de los sectores conservadores, el papel de las
asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo, las carencias de la
Ley y sus intenciones soterradas, ratificadoras y subsidiarias de la ley de
Amnistía de 1977, son temas que serán tratados por el ponente, orientando su
intervención a poner de manifiesto, la gravísima responsabilidad en la que incurre
el estado español y los sucesivos gobiernos implicados, desde la transición
hasta nuestros días, al incumplir a sabiendas la legislación internacional
sobre Derechos Humanos y contra la impunidad, que el estado español tiene
suscrita y ratificada y que es, además, de obligado cumplimiento, al haber sido
incorporadas al ordenamiento legal del estado (art. 96 de la
Constitución Española de 1978).
La
apertura del caso de los crímenes franquistas por el juez Garzón, su posterior
procesamiento por denuncia de un sindicato ultraderechista, así como la
sentencia de la Audiencia Nacional, y sobre todo, las recientes resoluciones
del Tribunal Supremo por este y otros motivos relacionados, acreditan la
vigencia y oportunidad de la doctrina jurídica expresada por el Equipo Nizkor,
que es la base y el eje argumental que inspira la propuesta y desarrollo de la
conferencia de Gregorio Dionis y Floren Dimas, que aquí se propone.
Lorca,
12 de Junio de 2012.
Gregorio
Dionis es presidente del Equipo Nizkor, organización de juristas sin ánimo de
lucro, distinguida en la defensa de los Derechos Humanos, en áreas devastadas
por conflictos civiles, especialmente en países latinoamericanos como
Argentina, Chile, Colombia o Perú. El Equipo Nizkor, promovió el proceso a
Pinochet y al comandante argentino Alfredo Scilingo, habiendo sido presentada y
aceptada recientemente una querella en la Audiencia Nacional (Juzgado de
Instrucción nº 2) contra el ex SS John Demjanjuk, miembro de la guardia del campo de concentración
de Mauthausen, donde fueron asesinados cuatro mil republicanos españoles.
Floren
Dimas, es oficial reservista del Ejército del Aire, ha sido presidente de la
primera asociación memorialista, “Caídos por la Libertad, registrada en España.
Realiza trabajos de investigación sobre Historia Militar del Ejército
Republicano y sobre la represión franquista, en la Región de Murcia. Es miembro
de la junta directiva de AGE (Archivo Guerra Civil y Exilio).
